Esta duda la tengo hace mucho tiempo y no he encontrado alguna respuesta satisfactoria, y no ha salido a la palestra entre tantos post en los diferentes lugares.

¿Qué obstaculo existe para que el Estado defina una serie de estándares documentales (dígase formatos de intercambio), de especificación abierta y libre de royalties (ya sea que esta exista o que el Estado defina su propio estándar) y que éstos sean utilizados tanto para su interacción con los ciudadanos y proveedores como para su trabajo cotidiano?

A qué va esto?

Si existe un estándar documental oficial con estas características, la discución si optar por software libre o por software propietario sería bizarra, ya que en ambos casos la implementación del estándar (formato) sería meramente un tema técnico interno de la aplicación, y la verdadera competencia se daría en el nivel de prestación de la aplicación, pudiendo el Estado (y colateralmente todo aquel que se relacione con él) optar por una opción libre o propietaria, sin perder interoperatividad en ningún sentido.

saludos.

por fin algo de cordura en el tema. es sorprendente la reacción de muchos sin siquiera haber leido el texto.
el acuerdo no es un contrato, no es una ley ni nada que obligue al estado.
se trata de una donacion de microsoft, parte de una campaña de marketing filantrópico que recibe un apoyo de la autoridad. nada mas que eso.
hay eso si una parte inquietante:
en la formación del "espacio" público, me da la impresion de que los servidores que el ministerio se compromente a habilitar tendrían que ser en .NET? sin mediar licitaciones? Y el acceso a este "espacio" de servicios publicos debe resguardarse que no sea exclusivamente via cuentas Windows Live.

Estos detalles son los que hay que observar con cuidado, el resto parece una alharaca sin sentido.