Nota: artículo largo (1000 palabras, ~5 min).

En Chile se ha hablado bastante en los últimos días de la indicación sobre el software libre que sugiriera el Senador Navarro el viernes pasado, y que fue retirada poco después. La indicación se refería básicamente a preferir el software libre en las adquisiciones del estado, por ejemplo al comprar una licencia de sofware, se debía entregar una justificación especial en caso de existir un software de código abierto o libre de costo que realizara la misma función.

No voy a hacer un análisis completo del tema ahora, solamente comentar un par de aspectos que considero relevantes. Antes que nada un disclaimer: estoy trabajando en conjunto con la Secretaría Ejecutiva de la Estrategia Digital Chilena en dos ámbitos relacionados con este tema. Uno es el Forge del Gobierno, mediante el cual se pretende impulsar la transferencia tecnológica de TI dentro del estado, inspirado en los desarrollos de proyectos FLOSS (Free / Libre / Open Source Software), y el otro es un estudio relativo al uso de Software Libre en el Gobierno, en el cual participo a través de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En este artículo entrego solamente opiniones personales, que no tienen relación con estas actividades, pero me parece pertinente exponer toda la información que pueda parecer relacionada.

1. Neutralidad tecnológica: Lo primero es que en la discusión nuevamente sale a la palestra el manoseado término de la "neutralidad tecnológica", que insisto: no es aplicable a la utilización de tecnologías en general y software en particular, salvo que decidamos utilizarlas todas o no optar por ninguna. En cualquier otro caso, perdemos nuestra neutralidad frente a opciones tecnológicas. Y si analizamos los decretos de gobierno, elementos como la guía web, y la decisión de usar XML por temas de interoperatividad, vemos claramente que no somos ni queremos ser neutrales con respecto a las tecnologías. Tanto Navarro como la ACTI ("Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información") utilizan este argumento a su favor (amparados en cada caso por la inexistencia de una definición), lo cual no hace más que demostrar que es un argumento que no tiene ningún sentido.

2. Browsers (navegadores) y software libre: Lo segundo, y es algo que no se ha mencionado demasiado (es necesario escarbar un poco para llegar a la información, sugiero buscar por "DESEMBOLSO FISCAL PARA PAGO DE LICENCIAS DE SOFTWARE"), es que el argumento que plantea Navarro en el discurso se basa en el supuesto de que al utilizar software libre, por ejemplo para los servidores web, se evitaría el problema de que con ciertos browsers no se pueden utilizar algunos sitios web (se menciona al Banco Estado y al SII). Eso es completamente erróneo, y de hecho es posible encontrar sitios web implementados 100% sobre plataformas de software libre, pero que solamente operan correctamente con algún browser en particular.

Sin embargo, el punto anterior es muy relevante: existe un problema cuando un ciudadano tiene que comprar un software (no es cierto que Internet Explorer sea gratuito, porque requiere de MS-Windows) específico para acceder a información pública, o peor aún, a interactuar con un ente público que le debe proveer un servicio. Pero mi argumento es que la solución a ese problema no pasa por aumentar el uso del Software Libre en el Estado, sino por otra vía. Y en parte, el gobierno ha estado realizando acciones que apuntan a eso (Guía Web 2.0, decretos que norman formatos a utilizar para fomentar la interoperatividad, etc.). Hay más que hacer, ciertamente, pero elijamos los caminos adecuados.

3. El argumento del costo: Lo tercero, es que el argumento de Navarro apunta fuertemente a una reducción de costos. Por lo mismo, acepta el uso de "software gratuito" en lugar de software libre, asignándole el mismo peso. Sin embargo, si bien hay un ahorro por licencias, pero hay que considerar si los software que se están comparando son equivalentes o no, se debe considerar el tema de disponibilidad y costos de soporte, y muchos otros temas. De hecho, en algunos casos citados por el Senador (en particular LiMux, de München en Alemania), los costos de mediano/corto plazo de la solución de Software Libre fue levemente superior. Sin embargo, la decisión que se tomó consideró aspectos estratégico-sociales de mediano/largo plazo, lo cual nos permite concluir dos cosas. Primero, que no necesariamente es un ahorro por concepto de licencias el que debe guiar la conversación. Segundo, que incluso con costos superiores, puede tener mucho sentido elegir una opción de Software Libre, y queremos entender de la mejor forma posible los elementos que inciden, para poder tomar las decisiones adecuadas.

4. El tema del software libre es central: Finalmente, respecto al uso de Software Libre por parte del Estado, es importante que se establezca una política planificada y seria, considerando todos los aspectos relevantes. En ese sentido, tanto la forma como el fondo de lo planteado por el Senador no responden a un análisis profundo y detallado. Tengo que coincidir plenamente con lo expresado por Patricio Gutiérrez, Secretario Ejecutivo de la Estrategia Digital, que la indicación corresponde a un intento por "entrar por la cocina". El tema es demasiado importante como para que dependamos de instancias aisladas.

Por otra parte, entiendo al Senador de plantear el tema en los lugares en que tiene acceso, ya que en su momento ha realizado acciones para generar planes de fondo y no ha visto resultados concretos. me refiero a que por indicaciones del mismo Senador Navarro, se destinaron fondos para realizar un estudio sobre el Uso de Software Libre en el Estado, que menciono arriba en el disclaimer. Ese estudio está pronto a ser entregado, como ya se ha comentado en otras instancias, y debiera ser el primer paso en lograr establecer una política oficial respecto al FLOSS por parte del Estado (o al menos del Gobierno).

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Más adelante iré profundizando en diversos aspectos sobre el uso del FLOSS y la participación en las comunidades que generan los proyectos que tanto nos asombran (tanto por parte del sector público como privado), y sobre la reacción de la ACTI, porque creo que merecen un análisis aparte.

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