Recuerdo cuando trabajaba en el Gobierno de Chile, el caso super polémico (internamente, por supuesto) de una periodista dentro de la Secretaría General de Gobierno que en alguna de las últimas dos elecciones presidenciales envió un email invitando a apoyar al candidato de derecha. El email era personal, enviado desde alguna cuenta gratuita (Yahoo o Hotmail, ya no recuerdo). Lo hizo a la hora de almuerzo, desde el computador de su oficina. Lamentablemente lo envió a una lista de correo donde estaba el email (también gratuito y personal) de una persona de la misma Subsecretaría. Recuerdo que desde el envío del email hasta la carta firmada por el subsecretario donde la echaban, pasó un largo período de dos horas (!).

La pregunta es: ¿era privado ese email? Ha habido casos similares acá en Estados Unidos, donde el caso completo termina en una demanda del afectado por violación de su privacidad. A pesar de que en Estados Unidos la situación legal es notablemente más compleja (existe legislación a nivel federal, estatal (States) y local (Counties)), y donde no existe reconocimiento de la privacidad como un derecho fundamental, de todas maneras el tratamiento (y protección) de la privacidad es mucho más serio que en Chile, donde la Constitución sí reconoce la privacidad como un derecho fundamental.