Para terminar esta serie de posts acerca del software libre y el gobierno, trato de responder la última pregunta que nos quedaba pendiente: ¿cuáles podrían ser las razones que avalen la utilización de software libre dentro del gobierno? Típicamente, esta discusión siempre se ha abordado desde el punto de vista del ahorro generado por licencias no pagadas (tema que ya hemos comentado varias veces; ver por ejemplo [1] y [2]). Como antes, me parece que este punto de vista es fácilmente rebatible, sobre todo desde la perspectiva de un país invirtiendo en la tecnología que más le conviene para avanzar. Convengamos además por mucho que me pese, la filial chilena de Microsoft es bastante insistente y seductora cuando el gobierno expresa su intención de evitar invertir en sus tecnologías, y bastante efectiva al demostrar con cifras que éstas son más convenientes que las libres.

Las razones que realmente importan, desde una perspectiva-país, en mi muy particular visión, son las siguientes:

• Apego a la normativa: Si queremos realmente tener alguna posibilidad con los TLC con Estados Unidos y países de la Unión Europea, tenemos que tomarnos más en serio el respeto a la propiedad intelectual. Si bien esto pasa por temas de largo aliento (por ejemplo, generar una Agencia de Protección de Datos en Chile, que se preocupe de manera centralizada del respeto y protección a la vida privada), una de las medidas a tomar definitivamente es disminuir la cantidad de software pirata que se utiliza, sobre todo a nivel de desktops. Y ya que las necesidades de software en los computadores de escritorio de los funcionarios públicos no van a desaparecer mágicamente, "la" forma es insistiendo en el uso de software libre.
• Seguridad: Existen algunas iniciativas (Ministerio del Interior controlando el tráfico de datos por la "Intranet del Estado", SII evitando la evasión de impuestos a través de medios digitales cada vez más desagregados, Registro Civil generando cada vez más servicios Web con servicios más específicos, etc.) donde interesa especialmente la seguridad de la información. Si bien esto puede ser abordado desde una estrategia de "caja negra" (es decir, no me interesa lo que está haciendo el software, me interesa sólo lo que sale y entra de éste), esta es una iniciativa que tiene límites claros.
• Imparcialidad tecnológica: El gobierno no puede obligar a nadie a utilizar una tecnología en particular; si yo uso Linux/Windows/Mac/FreeBSD/etc., debería poder acceder a todos los servicios de gobierno. Lo contrario significa discriminar y generar nuevas formas de exclusión digital. Por tanto, es obligación de las autoridades correspondientes el hacer lo necesario para que esto ocurra. La lectura entre líneas aquí es que Microsoft nunca se ha preocupado lo suficiente de los estándares (sí, participa de la W3C, pero esto no le impidió crear MS-XML), en parte porque su estrategia es forzar los estándares que le convienen (a modo de ejemplo, recordemos el caso de OOXML). La imparcialidad tecnológica es un tema de largo aliento, que definitivamente comentaremos en próximos posts.

La posibilidad de uso de software libre ha sido abordada en el gobierno hasta ahora de forma muy polarizada; sin embargo, es engañoso el pensar en el uso de software libre o propietario como mutuamente excluyentes; un mito que me gustaría abordar en una nueva serie de posts.

Como una forma de cerrar la serie de artículos sobre gobierno, software libre y agenda pública, me permito reproducir aquí parte de los resultados a los que se llegó en un estudio encargado al CEDI (Centro de Estudios de Derecho Informático) en el año 2004, junto con mis propias reflexiones al respecto. El estudio fue encargado por el desaparecido 'Proyecto de Reforma y Modernización del Estado', cuyas funciones asumió la Secretaría Técnica de la Estrategia Digital.