Intentos de control de las redes sociales en U.K.

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Luego de los intentos de los gobiernos totalitarios de Libia y Egipto por limitar, o derechamente prohibir, el acceso a las redes sociales, vemos como en el Reino Unido el Primer Ministro David Cameron busca censurar las redes sociales y establecer mecanismos de vigilancia de los usuarios sospechosos de estar vinculados a los desordenes ocurridos durante estas semanas en Londres.

El Primer Ministro declaró que las redes sociales, como Facebook, Twitter, y el uso del sistema de mensajería provisto por Blackberry, actuaron como vehículos de organización de las protestas y posteriores actos vandálicos de los que fueron acusados los manifestantes. Producto de lo anterior, Cameron ha organizado reuniones con representantes de las compañías mencionadas para ver la posibilidad de identificar a posibles sospechosos o incitadores a la violencia callejera, por medio de sus tweets, posteos en Facebook o mensajes de texto. A la vez, se busca detener las posibles redes de organización que se puedan producir y que puedan provocar movilizaciones sociales como las vistas durante las últimas semanas.

La policía Londinense ya ha comenzado a arrestar personas sospechosas de incitar a la violencia, basados en lo que la gente publica en las redes sociales. Sin embargo, qué se considera como acto sospechoso no está claro. ¿Tomarán preso a todo aquel que suba una foto de una protesta o que llame a asistir a una movilización? Los límites no están para nada establecidos y obviamente eso se presta para actos de represión y abuso.

Cada vez con más frecuencia vemos que los gobiernos utilizan los medios de comunicación para vigilar y controlar las acciones de la población. Nuestro país no está lejos de esas prácticas. Como es sabido, el Gobierno de Sebastián Piñera detuvo su política de monitoreo de las redes sociales esta semana, luego de haber recibido una lluvia de críticas. Siguiendo con el tema del Reino Unido, independiente de que uno piense que las protestas en Londres hayan sido producto de justas reivindicaciones sociales o simplemente una banda de delincuentes (o una mezcla de ambas), los gobiernos, empresas o cualquier tipo de institución de poder no pueden coartar el derecho de las personas a reunirse, comunicarse y estar informados, así como tampoco impulsar políticas que violen su privacidad.

Debemos seguir insistiendo en que cualquier intento de censura, ya sea de formas de comunicación, formas de organización o mecanismos de información, tiene consecuencias nefastas para la democracia.

Foto de Cgainza

— PhD Hispanic Languages and Literatures, Universidad de Pittsburgh. Académica Escuela de Literatura Creativa, Universidad Diego Portales. +Más información »