Desde el 1 de enero de 2008 rige en Alemania una ley que exige a los proveedores de servicios de telefonía e Internet que almacenen datos sobre las conexiones que realizan sus clientes. Esta es la implementación de la directiva europea 2006/24/EC, y según ella, los proveedores de servicios deberán, dependiendo de la naturaleza de sus servicios, almacenar durante cierto tiempo información sobre el uso de los servicios por parte de sus clientes.
A partir de Diciembre de 2009, el tribunal constitucional de Alemania, ubicado en Karlsruhe, tuvo que revisar la demanda de clase presentada contra la ley alemana, que es la más grande de la historia con 34.000 demandantes. Entre los demandantes se cuenta a la ministra de justicia en ejercicio, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. El 3 de marzo de 2010 se pronunció el tribunal constitucional, fallando que la ley es inconstitucional y deberá ser modificada. Según algunos, esto hará que aumenten los costos de mantener los sistemas de comunicaciones, por las mayores complejidades que deberá tener la nueva implementación de la ley, y otros lamentan que se verá debilitada la policía en su accionar.
Hace alrededor de un mes apareció en la prensa chilena la intención de la cartera de educación, encabezada por Joaquín Lavín, de 
"Internet provee a cualquier ciudadano de una audiencia potencial de miles de millones, de la misma forma en que potencialmente cualquier persona puede ganar la lotería. En su entusiasmo, muchos olvidan sacar las cuentas, y los números muestran que las posibilidades de tener éxito a lo grande, en la red, son extremadamente pequeñas".
D'Evolution
ACTA son las siglas de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (Tratado de Comercio contra la Falsificación), un tratado multilateral de comercio cuyo título se refiere a falsificaciones en bienes físicos como zapatos o medicamentos, pero que sustancialmente trata de la regulación de internet y las tecnologías de información.
La secretaria de estado de Hillary Clinton anunció que el gobierno estadounidense no ve con buenos ojos que las empresas de su país ayuden a otros gobiernos a censurar y vigilar a sus ciudadanos: "El sector privado tiene una responsabilidad compartida en ayudar a salvaguardar la libertad de expresión. Y cuando sus tratos de negocios amenazan con debilitar esta libertad, necesitan considera qué es lo correcto, no simplemente qué produce beneficios rápidos".
¿Qué es bueno? ¿qué es malo? ¿quién sabe? se preguntaba la (especie de) sacerdotisa de un credo (¿nuevo?) que llegó a Chile hace algún tiempo, mientras invitaba a la comunidad presente (personas con suficientes recursos como para pagar los $120.000 pesos chilenos de la entrada) a meditar de una forma nueva, con mantras simples pero efectivos. Y de toda la experiencia me quedé con esa frase. (Afortunadamente los beneficios del diario chileno La Tercera hicieron más económico mi aprendizaje :).
